Boris
Eserski privilegiado por Arena para tener hoy en día el monopolio televisivo
TCS, canales 2,4, 5 y 6. Paco Flores y Tony Saca agradeciéndole su
acompañamiento político.
LA PRENSA ESCRITA:
EN MANOS DE DOS FAMILIAS
La prensa escrita es el medio más antiguo
en El Salvador. El primer periódico salvadoreño fue el “Semanario Político
Mercantil”. Se empezó a editar en 1824 y su nombre da fe de su papel social.
Desde el siglo pasado hasta hoy dos familias dominan el mercado de la prensa
escrita. Los Dutríz son dueños
de “La Prensa Gráfica”, el periódico de mayor venta en el país, de “El Heraldo
de Oriente” y del periódico deportivo
“El Gráfico”. Los Altamirano son dueños de “El Diario de Hoy”, de MÁS y de “El
Diario de Oriente”.
La familia Altamirano cuenta con grandes tierras de algodón y café y se mueve
entre el bloque de terratenientes que ostentan las posiciones políticas más
conservadoras del país. En las divisiones internas que caracterizaron a ARENA
durante el período que duró desde la campaña electoral de 2006 hasta la campaña
electoral de 2008-2009, los Altamirano formaron parte del grupo de “Los
Torogoces”, junto a otros grandes empresarios agropecuarios y agroindustriales.
La familia Dutríz tiene capitales más diversificados. Domina la cadena de
producción del mundo de la prensa escrita con empresas colaterales: Gráficos y
Textos, Impresora La Unión, Compañía General de Impresiones, Telecom-Publicar,
Inversiones en Cable, Comunicación Persuasiva y Radio Noticias. Además tienen
otras inversiones en diversas empresas: Comercio Montelimar, Sagrera Cabrera
Hermanos, San Lucar, Metales y Estructuras DIMCO, Arrendadora General, Sherwin
Williams de C.A, Inversiones Familiares, Cooperativa de Caficultores de San
José de la Majada, Monte Real, Monte Nevado Comercial, Bufete J. Zaldívar y
Asociados y Zaldívar Molina.
Posiblemente esta diversidad empresarial es lo que posibilita que muchos
analistas caractericen a “La Prensa Gráfica” como “más moderada” políticamente.
En aquellas divisiones en el partido ARENA varias figuras de la planilla de “La
Prensa Gráfica”, como su ex-directora, Cecilia Gallardo de Cano se encontraron
en el grupo de “Los Apóstoles”, junto a políticos como la ex-canciller María
Eugenia Brizuela y a intelectuales como el presidente de FUSADES, Antonio
Cabrales. Este sector fue lidereado por el industrial y banquero Roberto Murray
Meza.
En un tercer lugar de propietarios de medios escritos está la familia Borja
Nathan. En 1971 poseían 5,904 hectáreas de tierra y en 1979 tenían registradas
inversiones en 33 empresas, siendo en ese momento uno de las familias
cafetaleras más fuertes. Actualmente son dueños del Ingenio Azucarero El Ángel.
Son propietarios del diario “El Mundo”, que tuvo una posición política de
derecha moderada durante el conflicto armado, aunque en la última década, bajo
la pluma editorial de Álvaro Cruz Rojas, se ha ubicado en el campo de la
derecha más extrema.
El diario “Co Latino”, propiedad de una cooperativa de trabajadores, es el
único medio impreso diario que representa intereses populares. Pero su
circulación es mínima en un país donde solo el 7.7% de la población se informa
a través
de la prensa escrita.
LA RADIO: DOMINADA
POR 5 GRUPOS EMPRESARIALES
La primera radioemisora se inauguró en El
Salvador en 1926. Se llamaba A.Q.M., bautizada así por las iniciales del
entonces Presidente de la República, Alfonso Quiñónez Molina. Esta radio se
convirtió en la primera radio estatal. Su nombre indica cuál fue su proyecto:
ser una extensión de la voz del Presidente, un modelo de comunicación
autoritario y presidencialista en un país autoritario y presidencialista.
Ochenta y cinco años después existen en El Salvador 267 emisoras radiales, de
las cuales la gran mayoría son locales y solo un 7.4% tienen alcance nacional.
Hoy el espectro radial está dominado por cinco grupos empresariales, sin
mencionar la notoria presencia de emisoras pertenecientes a grupos católicos o
evangélicos. El grupo SAMIX tiene 12 frecuencias radiales. Su accionista
principal es el ex-Presidente Elías Antonio Saca, siguiéndole en acciones la
familia de su esposa, Ana Ligia Mixco, hecho que facilita la ubicación política
de este grupo y lo empuja desde 2009-2010 hacia el campo del partido GANA. Saca
entró a la Presidencia del país con 7 emisoras y salió con 11, hecho que arrojó
más sombras a la cuestionada administración de las frecuencias radiales en el
país.
El segundo grupo más fuerte es Corporación FM, dominado por un primo del
ex-Presidente, José Luis Saca. Tiene 7 frecuencias. El vínculo familiar también
aquí es vínculo político. En un tercer lugar está el Grupo radial KL. Le sigue
el Radio Estereo y el grupo Megavisión, que se destaca más en televisión y
tiene por lema “Ahora somos más”, aludiendo a la gran cantidad de emisoras
locales que maneja, aunque sólo una, Radio Fuego, tiene alcance nacional.
ARPAS: ESPACIO
DE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Una excepción en el espectro radial lo
constituye ARPAS, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El
Salvador.
ARPAS nació en 1992 como un esfuerzo colectivo de las radios comunitarias que
surgieron con los Acuerdos de Paz.
Las primeras radios comunitarias se fundaron y se defendieron en las comunidades
repobladas del país, retomando experiencias importantes en la construcción de
medios de comunicación contrahegemónicos, como lo fueron YSAX -radio del
arzobispado cuyo período más álgido lo vivió bajo la dirección de Monseñor
Romero-, las radios guerrilleras del FMLN durante los años de la guerra: Radio
Venceremos y Radio Farabundo Martì, y la YSUCA, radio participativa de la
Universidad Centroamericana (UCA) que vio la luz en 1989, en los mismos días en
que su gestor, Ignacio Ellacuria, era brutalmente asesinado a la par de sus
compañeros jesuitas.
Radios como la Radio Segundo Montes, la Radio Victoria, la Radio Izcanal y la
Radio Sumpul funcionaron con señales pirateadas, al margen de la ley, argumento
que utilizó el entonces director del departamento radioelectrónico de la
Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Juan José Domenech, para ordenar a
la Policía Nacional Civil secuestrar sus equipos en 1995. PosteriormenteARPAS
compró una frecuencia y la dividió geográficamente entre sus miembros
-actualmente son 21-, razón por la que esa frecuencia ya no da abasto para las
distintas emisoras, cuyas señales se interfieren en distintas regiones del
país.
EL ESPECTRO RADIAL
ES UN BIEN PÚBLICO
¿Cómo se llegó a repartir de forma tan
inequitativa el espectro radial, siendo un “bien público”? Según Carlos Ayala,
director de la YSUCA, la actual Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1996,
tiene como fundamento ideológico la idea que “la explotación del espectro
radioeléctrico estará regulada por el mercado competitivo”. Este fundamento se
concreta en la subasta como mecanismo de acceso a las frecuencias. “Un
sindicato o una comunidad no puede tener acceso a una frecuencia porque en la
subasta gana quien tiene mayores ingresos. Por eso hay grupos empresariales que
han podido copar las frecuencias”, explica Leonel Herrera, presidente de ARPAS.
Existe también las práctica de concesiones “eternas”. Según la ley, la
renovación de las concesiones es “automática”, sin pasar por un proceso de
evaluación, ni siquiera por el de comprobar que la emisora haya operado apegada
a la ley. Se trata de una práctica bastante irresponsable tomando en cuenta que
las frecuencias son un bien público. Formalmente, todas las concesiones se
vencen cada 20 años, pero terminan siendo frecuencias vitalicias. En 2016 se
llegará al próximo plazo.
LA TELEVISIÓN
TIENE SU CIUDADANO KANE
Boris Eserski es el Ciudadano Kane
salvadoreño. Es “la figura” por excelencia del mundo de las comunicaciones y
todos los grupos empresariales de comunicación lo celebran, en palabras de “El
Diario de Hoy”, como el “líder de la televisión y la radiofonía”. Durante 28
años (1956-1984) operó en El Salvador sin ninguna competencia comercial, hasta
que la familia Zedán incursionó en el campo con el montaje de Tele 12.
Eserski es el accionista más importante de los canales 2, 4 y 6, de Multicable
y de estaciones radiales como Vox
y La Que Buena. Como la mayoría de los grandes empresarios salvadoreños, no se
limita a moverse en una sola rama de la economía. El libro “Los Monopolios de
la Verdad” lo cita como accionista de Cementos de El Salvador (CESSA), Molinos
de El Salvador (MOLSA), Bodegas Generales de Depósitos de El Salvador (BODESA),
AFP Confía, Unión de Exportadores S. A. de C. V. (UNEX). Es miembro del Grupo
BanAgrícola, el que, con la venta del BancoAgrícola al Grupo BanColombia en
2006, se convirtió en parte de ese consorcio internacional.
Como Altamirano, Eserski fue miembro del grupo “Los Torogoces” dentro de ARENA.
Este grupo fue el primero en pedir que Antonio Saca renunciara a la presidencia
de ARENA (2007). Eserski apoyó la precandidatura del ex-Canciller Francisco
Laínez en las elecciones internas de 2008 y un familiar suyo, Carlos Araujo
Eserski, tuvo el apoyo del grupo de Alfredo Cristiani para ganar la presidencia
de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en 2009
y quitar de ese puesto a Federico Colorado, pieza incondicional de Saca.
A excepción de la red de cable, él único canal con inversión extranjera es el
canal 12. TV Azteca de México compró el 75% de sus acciones en 1996.Otros
canales privados son el 15, 19 y 21, propiedad del grupo Megavisión. Y el canal
33, propiedad de una universidad privada, Distintas agrupaciones religiosas han
comprado los canales 17, 25, 57 y 65. Un caso excepcional fue la concesión de
Canal 8, un canal estatal en abandono, al padre Flavian Mucci, director de
ÁGAPE, una asociación caritativa católica de corte conservador. Mucci es
reconocido por sus buenas relaciones con la empresa privada y con las fuerzas
armadas.
EL DETERIORO
DE LOS MEDIOS PÚBLICOS
El canal 10, de propiedad estatal y
fundado como pieza de la reforma educativa en 1971, sufrió la misma suerte de
la Radio Nacional, emisora estatal, durante los años 90 y la primera década del
2000. Según David Rivas, actual Secretario de Comunicaciones de Casa
Presidencial, “encontramos a los dos medios públicos en una situación grave. El
canal 10 estaba técnicamente abandonado con equipos muy deteriorados y
desactualizados”.
“Lo que había ocurrido es que el gobierno había privatizado los medios públicos
entregando sus funciones a medios privados. Los medios estatales tienen que ser
parte del sistema de Protección Civil y tienen que dar señal a las cadenas
nacionales. Pero durante los gobiernos anteriores las cadenas se hacían desde
un ente privado, TCS. En más de una ocasión se quería privatizar o concesionar
estos medios “porque los gobiernos anteriores lo veían como una carga.”
DEFENSORES
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Los dueños de los medios de comunicación
masiva se autonombran los principales defensores de la libertad de expresión.
“El Diario de Hoy”, “El Mundo”, “La Prensa Gráfica”, y sus respectivas páginas
digitales representan a El Salvador en la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), donde se unen a otros empresarios de la comunicación para “defender y
promover la libertad de prensa”.
Actualmente, 1,300 empresarios conforman en la SIP esa autollamada “sociedad
civil”, que se cree con más potestad que todos los gobiernos del continente
para dictar a los pueblos de los distintos países las “verdaderas noticias” y
así generar “opinión pública”. En 1994, después de décadas de trabajar de la
mano de gobiernos como el de Cuba bajo Batista, el de Chile bajo Pinochet, y
administración tras administración de los Estados Unidos, la SIP planteó en la
Declaración de Chapultepec la importancia de “la democracia”. Para muestra un
botón de su visión democrática: la SIP fue de las primeras en avalar el fallido
golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Vale mencionar que varios
miembros de la sección venezolana de la SIP participaron directamente en ese
intento de golpe.
En el Congreso de Chapultepec se llegó a la conclusión de que “ninguna ley o
acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión y de prensa, sin
importar el medio de que se trate”. La SIP se arroga el derecho de decidir
quién viola y quién respeta la libertad de expresión y se presenta como
defensora de la “prensa independiente”.
Por eso, no sorprende que, en octubre de 2011 la delegación de El Salvador
denunciara un proyecto de ley del FMLN de “derecho de respuesta” en la 67°
Asamblea de la SIP en Perú. José Roberto Dutriz, presidente de la Comisión de
Finanzas y Auditoría de la SIP y dueño de “La Prensa Gráfica”, informó a sus
colegas que la propuesta del FMLN podría traer “consigo una serie de trampas en
contra de la libertad de expresión”.
La denuncia parece broma si uno revisa el Proyecto de Ley para el Ejercicio del
Derecho de Rectificación y Respuesta presentada por el FMLN en septiembre de
2011. La iniciativa, presentada con base en la Constitución de la República y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que cuando una
persona sea agraviada en sus derechos a la vida privada, dignidad y honorabilidad
con injurias o calumnias a través de cualquier medio de comunicación o
periodista, la persona ofendida reclamará el derecho de respuesta al medio de
comunicación para que en iguales términos en que fue publicada la noticia, se
publique el derecho de respuesta: en la misma página, espacio, horario, tamaño
de letras, etc. Si el periódico cumple con este requisito, se da por resuelto
el caso y si no, la persona puede iniciar un juicio civil que obligaría al
medio a pagar la impresión de la respuesta del afectado o afectada en otro
medio escrito. El proyecto no limita de ninguna manera la libertad de expresión
del periódico, sólo reconoce el mismo derecho de expresión a la persona
injuriada.
EL PLEITO POR EL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO PENAL
La propuesta de Ley para el Ejercicio del
Derecho de Rectificación y Respuesta nació en la cola de la controversia
generada por la reforma del artículo 191 del Código Penal salvadoreño, que
trata de las consecuencias penales por actos de difamación, injuria y calumnia.
A finales de los años 90, Roberto Bukele, el anterior dueño de la primera
franquicia de McDonalds en América Latina
y entonces dueño de otro restaurante de comida rápida llamado Servipronto (el
mismo McDonalds con otro nombre), estaba en medio de un litigio con esta
transnacional que duró más de 15 años. En ese contexto, “El Diario de Hoy”
sacó varios reportajes denunciando condiciones higiénicas y alimentarias
inadecuadas en Servipronto. Aunque estas condiciones, según el documental
“Súper engórdame” parecerían ser la regla y no la excepción en los McDonalds,
la denuncia fue motivo de una demanda por difamación de Bukele contra Laffite
Fernández, entonces director de “El Diario de Hoy”, y contra su propietario
Enrique Altamirano.
En 2004, después de presiones de Bukele para que el juzgado resolviera el caso,
la respuesta vino de otro lado:
de la Asamblea Legislativa. El diputado y secretario general del Partido
Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, también apoderado legal de “El Diario de
Hoy”, introdujo, en nombre de la libertad de expresión, una reforma al Código
Penal despenalizando actos de calumnia y difamación realizados por los medios
masivos de comunicación. En aquel momento, todos los partidos de derecha,
ARENA, PDC y PCN, hicieron bloque para defender a los empresarios de la
comunicación masiva. Y así fue aprobada una reforma que garantizaba la
impunidad a periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación,
excluyéndolos del ámbito de la legislación penal respecto a la difamación, la
calumnia y la injuria.
Cinco años después fueron electos los nuevos miembros de la Sala de lo
Constitucional que llegaron a ser conocidos como “los cuatro fantásticos” por
sus polémicas decisiones. La primera de éstas llegó en septiembre de 2010, sólo
dos meses después de su nombramiento. Declararon inconstitucional la Reforma
del artículo 191, argumentando, entre otras cosas, que otorgar a los medios de
comunicación un estatus especial frente a la ley era violar el principio de la
igualdad jurídica.
CUANDO LOS EMPRESARIOS
SON LEGISLADORES
A la vuelta de un año, la Asamblea
Legislativa reformó nuevamente la legislación referente a calumnia, injuria y
difamación a fin de despenalizar todo delito de este tipo e instaurar en su
lugar las multas económicas. De nuevo, la derecha legislativa, que se ha
dividido muchas veces desde junio de 2009, se unió para aprobar una propuesta,
con la negativa del FMLN. El diputado del PCN, Antonio Almendáríz, explicó que
la propuesta que se tomó como base fue una presentada a la Asamblea por “los
directores y editores de medios de comunicación, la que conoce la situación,
tanto del dueño de medios como de editores y periodistas, y creímos justo que
aprobáramos la que nos mandaron los medios”.
Quedó claro: en El Salvador las empresas de comunicación masiva formulan la
legislación que les ha de regular. Mientras Almendáríz fue el más transparente
en reconocer esta dinámica legislativa, otros apelaban a argumentos más
peregrinos. Francisco Merino, ex-Vicepresidente de la República y actual
diputado del PCN, partido que abandera aún hoy la pena de muerte, manifestó que
“no es la vocación personal de uno andar encarcelando a la gente”. Rodolfo
Parker argumentó que habría que cuidar, ante todo, la libertad de expresión
porque la violación de este derecho fue “la causa última de los problemas y
conflictos” que provocaron doce años de guerra. Del “análisis” de Parker uno
tendría que entender que la represión, la inequitativa distribución de la
tierra y de la riqueza no fueron nada a la par del clamor popular por mayor
libertad de prensa… Hasta Don Quijote y Sancho Panza salieron a bailar en la
Asamblea Legislativa el día de este debate.
Quedó así al descubierto una lógica política impecable: por muy dividida que
pueda estar la derecha, cuando se trata de asuntos esenciales de intereses
empresariales, más aún cuando estas empresas son parte de la superestructura
del sistema político-económico dominante, siempre cierran filas.
¿MEDIOS DE COMUNICACIÓN
O MEDIOS DE ACUMULACIÓN?
La capacidad de los medios masivos de
articular su protección a nivel político y de unificar a toda la burguesía, más
allá de las discordias entre ellos, muestra la importancia de los medios para
estos grupos.
Económicamente, el negocio no les va mal. Según una investigación de 2006, la
facturación por publicidad de la prensa escrita, sin contar la venta de unos 83
millones 950 mil ejemplares anuales, ronda los 111 millones 370 mil dólares.
Gracias a la Ley de Imprenta, la prensa escrita está exenta de impuestos y
tampoco los paga por la importación de papel. Es llamativo que esta
exoneración, que priva al Estado de más ingresos, no entra en ninguna de las
propuestas de Reforma Fiscal, ni en la del FMLN ni en la del gobierno ni
tampoco en las reivindicaciones del movimiento social. Parece que en nombre de
“la libertad de prensa”, a nadie se le ocurre cuestionar los privilegios de las
empresas periodísticas.
La facturación por inversión publicitaria en las empresas radiales es
significativamente menor: unos 10 millones 360 mil dólares. A eso hay que
agregar la facturación por alquiler de frecuencias, una práctica cada vez más
relevante económicamente.
Las empresas televisas son las que se llevan la parte mayor del pastel. Su
facturación publicitaria se valora en 137 millones 270 mil dólares, lo que no
incluye los ingresos de las agencias de publicidad vinculadas a ellas, en
particular a Telecorporación Salvadoreña.
CUANDO LOS EMPRESARIOS
SON LA “OPINIÓN PÚBLICA”
El poder de estos medios de darle jaque a
cualquiera que les cuestione es casi total. Se le deslegitima en sus medios. O
no se le da cobertura a los cuestionamientos que hace, aun cuando sean “noticia
nacional o internacional”.
Un ejemplo es la experiencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo,
FUNDE, con su estudio sobre la propaganda electoral en El Salvador (2008-2009).
No fue un estudio dirigido a exponer la acumulación de las empresas de la
comunicación, sino que buscaba incidir en la legislación electoral sobre la
transparencia financiera y el acceso
a la propaganda. Sin embargo, cuando dieron a conocer los resultados en una conferencia
de prensa, los medios brincaron. El entonces investigador y actual
Subsecretario de Transparencia de la República, Marcos Rodríguez, recuerda. “Lo
más interesante no fue el contenido de la investigación, sino esa reacción”.
Primero deslegitimaron los datos, llamándolos “falsos”. Y cuando el
investigador pidió que le proporcionara los datos “verdaderos” para “corregir”
el estudio, se los negaron, hecho que pone en duda la veracidad de su denuncia.
Amenazaron a la Fundación con cerrarle espacios en distintos ámbitos de la vida
nacional y ningún medio presente dio cobertura a la divulgación del estudio.
Fue un claro encontronazo entre el poder económico de los medios y el poder de
crear, cómo decía Gramsci, “consensos nacionales”. Esto es lo que estas
empresas llaman, eufemísticamente, generación de opinión pública y creación de
cultura, lo que no es otra cosa que la capacidad de la burguesía de hablar en
nombre de “toda la sociedad”
y de convencer a los demás de que efectivamente son portavoces de todos los
salvadoreños, los que tienen “autoridad” para avalar o desautorizar a cualquier
actor público. Y más importante: los capaces de garantizar que las ideas
fundamentales del sistema que permiten su florecimiento sean aceptados como
“normales” por todas
y todos; incluso por quienes salen más dañados por ellas. Algunas de estas
ideas son: privilegiar el éxito individual, endiosar a los empresarios, realzar
la competencia como valor supremo y volver normal la opresión y la explotación.
GOBIERNO: FORTALECER
LO PÚBLICO, NO LO ESTATAL
Es obvio que en la actual correlación la
libertad de prensa se confunde con la libertad de empresa y la libertad de
expresión se mantiene a la sombra del poder de las empresas de comunicación
masiva. Aquella declaración del diputado de ARENA, Roberto D’Aubuisson,
afirmando que “la democracia se nutre de la libertad de expresión y la libertad
de prensa” carece de toda seriedad en este contexto. ¿Qué puede significar,
entonces, la democratización de las comunicaciones en el país? Hay distintas
visiones que aportan elementos que podrían encaminar este proceso en El
Salvador.
Para David Rivas, Secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, un primer
paso hacia la democratización de los medios de comunicación, en un país donde
casi el 100% de los medios tienen fines de lucro, es fortalecer los medios del
Estado.
Un esfuerzo importante en estos dos años ha sido redimensionar la labor y el
alcance de la Radio Nacional y del Canal 10, ambos estatales, para que brinden
un servicio coherente con el planteamiento de una nueva cultura nacional. Por
ahora, queda pendiente la redimensión de la Cadena Cuscatlán, radioemisora de
las Fuerzas Armadas, puesto que esto depende aún de la agenda y criterios del
Ministerio de Defensa, que pueden o no coincidir con el planteamiento de esa
nueva cultura.
Sin desestimar el derecho del Estado a tener sus portavoces, la apuesta del
actual gobierno es convertir los medios estatales en la piedra fundamental de
un sistema de medios de comunicación pública. ¿En qué consiste la categoría
de “pública”? Por un lado, significa que los contenidos de estos medios deben
responder a una agenda de país.
Rivas aclara: “Deben responder al interés público y no al interés de los
públicos. El interés del público es un partido de fútbol, pero el interés
público es el cambio climático, la pobreza, la reconstrucción del país. Son
temas que determinan nuestro futuro. Esto implica aportar a la creación de otra
cultura: una cultura basada en la identidad de nuestro pueblo, una cultura de
prevención frente a la vulnerabilidad, que redimensiona la migración y que
promueve la democracia a través del rescate de la memoria histórica y el
fomento de una cultura de paz”.
UNA NUEVA ENTIDAD:
¿SIN TRAMPA?
La segunda característica de estos medios
estatales es la creación futura de un “consejo colectivo que pueda incidir en
la programación” con representación de todos los sectores de la sociedad.
¿Quiénes podrán participar en este ente? Rivas dice que “es muy temprano para
saber”, porque es una figura por construir aún. Pero imagina que esta
estructura incluirá “a representantes de iglesias, a universidades, a ONG y al
gobierno”.
Sin embargo, por la trayectoria conocida de instancias gubernamentales donde
participan “todas las fuerzas del país”, también podemos imaginarnos que la
empresa privada tendría un papel importante en este nuevo espacio, lo que
representaría una trampa al modelo, precisamente porque la empresa privada ya
administra casi todos los medios del país y su participación podría representar
un conflicto de intereses y/o debilitar el modelo que se quiere construir.
OTROS PLANES DEL GOBIERNO
También se tiene en la agenda del sistema
público de gobierno la creación de una Radio Internacional y de una Agencia de
Prensa Nacional. No se descarta la fundación de una empresa publicitaria
nacional, que podría independizar la institucionalidad gubernamental de las
empresas publicitarias, dominadas hoy por los grandes empresarios de la
comunicación.
De forma complementaria, la Secretaría de Comunicaciones comienza a estudiar
una nueva legislación que crearía la figura de “radio comunitaria”, puesto que
existen más de 20 en el país y no existe ninguna figura jurídica que las
respalde. Igualmente, tendría que crear la figura de “medios públicos” que
tampoco existe. Esto se puede hacer a través de un decreto ejecutivo o de un
proyecto de ley, que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
Conociendo la reacción visceral de los partidos de derecha en materia de
comunicación masiva, en el corto plazo sería más factible la primera opción.
LA POSICIÓN DE ARPAS:
EQUIDAD EN LAS FRECUENCIAS
Las radios y centros de producción
agrupados en ARPAS enfocan la democratización de los medios entendiendo la
comunicación como un derecho humano, que se concreta cuando todas y todos
tienen acceso a los medios para poder comunicar sus mensajes. Si no, ese
derecho es sólo una declaración de buenas intenciones. Para ARPAS, democratizar
los medios significa regular un acceso más amplio a los medios existentes y
también crear nuevos medios que puedan comunicar otros mensajes.
En el caso de la radio, esto pasa por realizar una auditoría de las frecuencias
existentes: conocer cómo fue el proceso de concesión de cada frecuencia y en
qué estado está actualmente. Significa revisar la estructura de la propiedad de
los medios y comenzar a pensar en una redistribución del espectro radial por
ser éste un bien público.
ARPAS coincide con el planteamiento gubernamental en que los contenidos y temas
de los medios deben responder
a las necesidades de la gente y no a las del sector dominante. Coincide también
en un planteamiento pluralista: En los medios se deben oír todas las voces y
ver todas las caras y en la misma proporción. Aspiran a equilibrar el uso del
espectro radial, repartiéndolo entre el sector privado, el sector público y el
sector comunitario.
ARPAS: TRES VÍAS PARA DEMOCRATIZAR LOS MEDIOS
Leonel Herrera plantea que hay tres vías
para avanzar en este proceso. La primera es la vía jurídica, que tiene que ver
con el establecimiento de la legislación necesaria para facilitarla. Para las
21 radios adscritas a ARPAS la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
aprobada en Argentina en 2009, es un modelo de lo que se necesita en El
Salvador. Como primer paso proponen una reforma a la actual Ley de
Telecomunicaciones, que eliminaría la subasta para acceder a las frecuencias,
sustituyéndola por el criterio de necesidad, que reconocería legalmente a los
medios comunitarios, que eliminaría la renovación automática de las concesiones
existentes y que abriría el espectro radioeléctrico para permitir más
frecuencias que faciliten la creación de nuevas frecuencias comunitarias y
públicas.
La segunda vía es la fundación de institucionalidad adecuada. Actualmente, la
Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), instancia
responsable de regular todo el sector eléctrico incluyendo la energía eléctrica
y la telefonía fija y celular, es también responsable de administrar el
espectro radial salvadoreño. Este conjunto
de funciones tiene como punto común un criterio técnico-electrónico, en el que
obviamente no se prioriza ningún criterio comunicacional. También en esta vía
el modelo argentino es relevante para ARPAS, puesto que el Consejo Federal de
Comunicaciones de Argentina se dedica fundamentalmente a regular las
comunicaciones mediáticas. Y siendo estatal cuenta con la participación de
distintos tipos de medios, desde los movimientos sociales hasta los privados,
con un tipo de conducción semiautónoma.
La tercera vía proyectada por ARPAS es la incidencia en políticas públicas que
promueven los medios comunitarios y los medios públicos. En esto coinciden con
las propuestas de la Secretaría de Comunicaciones de la República en posibles
proyecciones.
FMLN: POSICIONES TÍMIDAS
Aún falta que los sectores populares se
apropien más auténticamente de la necesidad de usar los medios de comunicación
para luchar por una sociedad justa.
El FMLN sería el sujeto lógico para abanderar este esfuerzo, ya que tiene más
recursos políticos, ideológicos y también financieros. Sin embargo, su
incursión en los medios de comunicación ha sido tímida en los años de
postguerra. La Radio Mayavisión cuenta con pocos recursos para hacer un trabajo
de mayor calidad.
Y sus medios escritos se limitan generalmente a publicitar el trabajo
legislativo o los proyectos municipales en las municipalidades gobernadas por
el FMLN. El semanario “El Independiente” es un importante esfuerzo para
difundir análisis políticos, pero su distribución es limitada.
A estas alturas del desarrollo del FMLN como sujeto político uno esperaría ver
en su agenda el lanzamiento de un canal de televisión que tuviera una propuesta
popular y atractiva en su programación musical, informativa y de
entretenimiento. Esperaría también una propuesta legislativa en comunicación
que recogiera los planteamientos de ARPAS o algunos que se les acercaran.
LA TRAMPA DEL “PLURALISMO”
En el caso de la emisoras de ARPAS uno
también esperaría que tomaran más conciencia de su capacidad de fortalecer un
proyecto de sociedad popular, aunque esto les obligue a salir del discurso
“pluralista”, donde parece que, mecánicamente, “más es mejor” y que variedad
parece ser sinónimo de calidad. Es necesario que tomen en cuenta que en este
país a unos pocos les sobran espacios para comunicar sus mensajes y, por eso,
los medios del pueblo no deberían preocuparse con darle a esos pocos más
espacios en nombre del “pluralismo”.
Deberían concentrar sus esfuerzos en ayudar a la población a construir sus
mensajes liberadores y no a difundir mensajes que hacen eco de la voz del
sector hegemónico. Eso significa educar políticamente a las personas que
dirigen y participan en los medios populares. Esfuerzos como la Radio Victoria,
en el norteño departamento de Cabañas, pueden iluminar mucho este camino. Su
experiencia ha sido ejemplar en este sentido.
“LOS SECTORES PODEROSOS ESTÁN MÁS CLAROS”
Concluye Leonel Herrera, “Quizás los sectores pudientes están más claros
que nosotros de que los medios son parte de su superestructura, que son medios
de control político y que democratizar a los medios significa desbaratar el
actual control político”.
La reacción de la derecha internacional cuando Venezuela rompió la práctica de
las “concesiones eternas”, al no renovar, mecánicamente, la concesión de RCTV
en 2007 -lo que la derecha llama “el cierre de RCTV”-, o cuando el diario
argentino “Clarín” organizó la protesta contra la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en 2010, muestra la importancia que los medios tienen,
no sólo para sus dueños, sino para las minorías acostumbrados a controlar sus
países.
Democratizar los medios es una propuesta política que va de la mano con los
procesos de democratización de las sociedades. Por eso, los países que han
avanzado más en la democratización de los medios son los que van avanzado más
en sus procesos democráticos en América Latina. Ecuador, Brasil, Argentina y
Venezuela han dado pasos importantes a nivel de legislación, abriendo espacios
para los medios comunitarios, regulando la propiedad e introduciendo normativas
y controles para los medios privados. El Salvador, que también busca avanzar en
su proceso democrático, tiene mucho que aprender de esos países. Un trabajo elaborado por Elaine Freedman.
